FP cualificaciones profesionales Castellon

Decenas de personas se han acercado en las últimas horas al autobús de la Formación Profesional para el Empleo de UGT-PV, que ayer visitó Castelló con el objetivo de recibir información y orientación profesional gratuita.


Cuatro técnicos especializados en empleo y orientación laboral trabajan en el proyecto. La información que han recibido trabajadores y estudiantes de los diversos ciclos formativos que se han dado cita en la Plaza María Agustina se centra en aspectos como la integración de las ofertas de Formación Profesional, el sistema nacional de cualificaciones profesionales, las diferentes iniciativas existentes y los mecanismos de acceso a las mismas, así como la importancia de la información y orientación profesional y el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales.

El secretario general de UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports, Tino Calero, valoró de forma positiva esta iniciativa del sindicato que "ofrece a los ciudadanos una ocasión para orientarles sobre qué tipo de formación y competencias profesiones son necesarias, en cada caso particular, para encontrar trabajo y tener un empleo digno".

Pequeñas reformas para una economía sostenible

La Ley de Economía Sostenible incluye muchas pequeñas reformas aunque ninguna de gran calado. La mayoría de ellas ya han sido anunciadas, algunas incluidas en los Presupuestos para 2010 o en reales decretos aprobados a lo largo del año. Éstas son las principales medidas.

  1. Simplificación administrativa. Se reducen los plazos para la creación de empresas, con un máximo de cinco días y 250 euros de costes para aquéllas con un capital social entre 30.000 y 3.100 euros; y de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para todas ellas se suprime el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y todos los trámites serán telemáticos.
    Las administraciones deberán abonar el pago en los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013. El plazo máximo de pago a autónomos y pequeñas empresas se fija en 60 días. Los notarios y registradores de la propiedad remitirán información sobre los documentos que han autorizado de forma telemática y entre el día 1 y el 20 de cada mes. Se podrá acceder de forma telemática a las bases gráficas del Catastro.

  2. Sociedad de la Información. Se utilizarán las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz para prestar servicios de tercera generación (UMTS). La banda de frecuencias 790-862 MHz que se liberará al llevar a cabo el apagón analógico podrá utilizarse para prestar servicios avanzados de comunicaciones electrónicas. Se reduce la tasa general de operadores de telecomunicaciones y a partir de 2011 la banda ancha tendrá una velocidad mínima de 1 Mbit por segundo

  3. Ciencia e Innovación. Se pretende fomentar la transferencia de resultados en la actividad investigadora. La titularidad de los resultados de dicha actividad pertenecerá a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido, con el fin de facilitar la explotación comercial de las patentes, que tendrán plazos máximos de concesión. Además, se reduce un 18% en tres años la cuantía de las tasas de propiedad industrial.
    Se fomenta la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, promovidas por las universidades y los Organismos Públicos de Investigación.

  4. Internacionalización. Adaptación del sistema de apoyo financiero a la internacionalización, mediante la reforma de la ley que regula el régimen del seguro de crédito a la exportación, para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito.

  5. Formación Profesional. Se integrarán los centros, públicos y privados, de Formación Profesional en una red estable y se crea una plataforma de Formación Profesional a distancia en todo el Estado. Se dará prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas con los sectores emergentes. Se flexibiliza la organización de los programas formativos y se crean pasarelas para facilitar la transición entre los diferentes módulos formativos. Asimismo, se amplía la capacidad de los centros para ofrecer una formación más apta para las necesidades de las empresas cercanas.

Asturias pionera en la acreditación de competencias

En España hay más de 8 millones de personas que carecen de una titulación que avale los conocimientos que han adquirido gracias al desempeño de un oficio.

Todos ellos podrían beneficiarse del procedimiento que permite la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

ACOMETAL es el nombre del primer proyecto que se llevará a la práctica en Asturias para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través del desempeño de un oficio.

Las administraciones educativas y laborales realizarán un completo proceso de evaluación que permitirá conseguir un certificado oficial dentro de alguna de las 26 categorías profesionales que contempla este proceso.

Esta nueva posibilidad ya se está desarrollando en el sector del Metal de Asturias con el objetivo dede analizar todo el desarrollo del procedimiento de la acreditación de competencias, para poder aplicar los resultados una vez que esta nueva posibilidad se ponga en marcha a nivel nivel regional.

El Metal inicia la convalidación de módulos de FP a sus trabajadores

El Gobierno promoverá la acreditación profesional de personal sin titulación de guarderías y atención a ancianos.

La Fundación Metal Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo están desarrollando un proyecto piloto para conceder certificados de cualificación profesional a trabajadores del sector del metal asturiano que carecen de titulación de FP. En este proyecto colabora el Instituto Gallego de Cualificaciones, dado que Asturias es una de las tres comunidades autónomas, junto a Cantabria y Castilla-La Mancha, que carecen de un organismo similar.

El proyecto, denominado Incual, permitirá certificar profesionalmente como tuberos industriales a 27 trabajadores del sector en Asturias, según explicó Pilar Suárez, directora gerente de la Fundación Metal.

La Fundación Metal organizó ayer una jornada sobre la acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia, que ha puesto en marcha el Gobierno con el real decreto 1224/2009, del pasado 24 de agosto. El director del Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual), Rafael Rodríguez de la Cruz, explicó ayer que en España se estima que existen unos 8.000 trabajadores con habilidades profesionales pero sin titulación reglamentaria. El objetivo es reconocer a estos profesionales que tienen las habilidades correspondientes a módulos de FP. Esta acreditación puede suponer un incremento salarial para estos trabajadores, si así se negocia en los convenios colectivos.

En el primer semestre del año que viene se harán las primeras convocatorias oficiales para estas convalidaciones, que serán gestionadas por las consejerías de empleo o de educación de cada comunidad autónoma. Las primeras convocatorias irán dirigidas a conseguir acreditaciones de cualificación profesional vinculadas al título superior de Educación Infantil (que no poseen todos los trabajadores de guarderías de hasta 3 años) y las titulaciones de atención domiciliaria y atención en centros específicos, como fórmula para potenciar la ley de Dependencia, explicó Rodríguez de la Cruz. El Principado será el encargado de seleccionar los candidatos a acreditarse profesionalmente en esta primera convocatoria, dado que el número de plazas será limitado, si bien se repetirán en años sucesivos, agregó.

Los candidatos tendrán que acreditar una experiencia laboral mínima de ocho años en el desempeño profesional. No obstante, habrá «mucha flexibilidad», apuntó el director del Incual. Rafael Rodríguez apuntó que las competencias exclusivas respecto a la acreditación de cualificación profesional las tiene el Incual. Los organismos similares que se han creado en la mayoría de las comunidades autónomas son opcionales, en su opinión.

Los trabajadores con competencias profesionales pero sin título oficial responden a tres perfiles: trabajadores de 55 a 65 años, jóvenes que abandonaron los estudios antes de completar la enseñanza obligatoria e inmigrantes.